PLAN COLOMBIA (CUD)

Plan Colombia es un acuerdo bilateral constituido entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Se concibió en 1999 durante las administraciones del presidente colombiano Andrés Pastrana Arango y el estadounidense Bill Clinton con los objetivos específicos de generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado en Colombia y crear una estrategia antinarcóticos.

El plan ha continuado bajo extensiones temporales bajo las administraciones del presidente colombiano Alvaro Uribe y los estadounidenses George W. Bush y Barack Obama.

El Plan Colombia cuenta principalmente con el apoyo del programa del gobierno estadounidense llamado Andean Counterdrug Initiative (ACI) o “Iniciativa Andina Contra las Drogas” y recibe asistencia del Foreign Military Financing (FMF) o “Financiación para Fuerzas Militares Extranjeras” del Department of Defense’s central counternarcotics account o Cuenta Central Antinarcóticos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Los objetivos de Colombia y de los Estados Unidos difieren en algunos aspectos. El principal objetivo del gobierno estadounidense es prevenir el flujo de drogas ilegales hacia los Estados Unidos, como también ayudar a Colombia a promover la paz, el desarrollo económico que a la vez contribuye a la seguridad en la región de andina. El principal objetivo de Colombia es promover la paz, el desarrollo económico, incrementar la seguridad y terminar con el tráfico ilegal de drogas. Ambos han evolucionado de lo estrictamente antinarcótico de la guerra contra las drogas a incluir aspectos de la guerra contra el terrorismo, debido a que los grupos violentos y mafias utilizan el negocio de la droga para financiar la guerra.

Desarrollo

La versión original del Plan Colombia según la ideó el presidente Andrés Pastrana en 1998, una semana después de la primera ronda de las elecciones presidenciales, consistía en un Plan Marshall para Colombia. El argumento de Pastrana fue que “la coca era un problema social cuya solución debía incluir resolución del conflicto armado; los países desarrollados deberían ayudarnos a implementar una especie de Plan Marshall para Colombia, el cual nos permitiría desarrollar grandes inversiones en el campo social, con el fin de ofrecer a nuestros campesinos alternativas diferentes a los cultivos ilícitos”.

Después de la posesión de Pastrana, uno de los nombres dados a la iniciativa fue “Plan Colombia para la Paz“, el cual según Pastrana “era un conjunto de proyectos de desarrollo alternativo que canalizarían los esfuerzos de las organizaciones multilaterales y gobiernos extranjeros hacia la sociedad colombiana”. La Ley 508 del 29 de julio de 1999 aprobó según el mandato Constitucional, el Plan Nacional de Desarrollo “Cambio para Construir la Paz 1999 – 2002’’ con el objetivo fundamental el Plan Colombia.

Pastrana viajó a los Estados Unidos y presentó el plan para su cuatrenio como presidente y cambia de nombre a su proyecto por el de “Plan Colombia”. La buena imagen ante el gobierno de los Estados Unidos, dieron lugar a una amplia colaboración entre ambos países, luego de fricciones con la anterior administración de Ernesto Samper por el Proceso 8.000. La plataforma política del presidente Pastrana se tornó en gran parte hacia la creación y activación del proceso de paz con las FARC y el ELN y la lucha antinarcóticos. Entre el 13 y el 14 de diciembre de 1999, Philip Chicola, representante del Departamento de Estado para la sección de Asuntos Andinos, se reunió secretamente en Costa Rica con el jefe de las FARC, alias Raúl Reyes.

El intercambio en materia militar entre Colombia y Estados Unidos se incrementó a partir de entonces, pasando de la cooperación exclusiva que se le daba a la Policía Nacional de Colombia, a los componentes de las Fuerzas Militares de Colombia. En diciembre de 1999, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos William Cohen y el Ministro de Defensa de Colombia, Rodrigo Lloreda, firmaron un acuerdo para incrementar la cooperación militar entre los dos países.^[4]

El acuerdo creó un grupo de trabajo bilateral entre las Fuerzas Armadas de los ambos países y creó la especialización de “batallones antinarcóticos” en el Ejército de Colombia. A pesar del secuestro y muerte de tres activistas americanos que realizaban labores humanitarias con los indios U’wa en el departamento de Arauca por parte de la guerrilla de las FARC, el gobierno de Clinton continuó apoyando al gobierno Pastrana. El 11 de enero del 2000, el presidente Clinton dió a conocer oficialmente la ayuda para el Plan Colombia y que luego fue aprobado el 13 de julio del 2000.

Financiación

Entre los años 2000 y 2005, el Plan Colombia recibió US$2.800 millones de dolares, sumado a la asistencia del Departamento de Defensa promedió los US$4.500 millones de dolares. En el 2005, la Administración Bush pidió fondos adicionales al Congreso de los Estados Unidos para el Plan Colombia para adicionarle US$463 millones de dolares a traves del ACI y US$90 millones a traves del FMF.

El plan original tenía un presupuesto de $ 7 500 000 de los cuales un 51% se dedicaría desarrollo institucional y social, un 32% para combatir el narcotráfico, un 16% para revitalización social y económica y un 0,8% para apoyar los procesos de negociación política con los grupos guerrilleros. Pastrana inicialmente solicitó $ 4 864 000 provenientes de fondos colombianos (65%) y solicitó $ 2 636 000 a la comunidad internacional (35%)^.

La administración Clinton en Estados Unidos apoyó la iniciativa asistiendo con $ 1 300 000 y 500 miembros de personal militar para entrenamiento de las fuerzas locales. Además 500 civiles fueron enviados para apoyar las actividades de eliminación de los cultivos de coca. Esta ayuda fue una ayuda adicional a los $ 330 000 000 de ayuda militar previamente entregados a Colombia. En 2000 se destinó una suma de $ 818 000 000 y en 2001 de $ 256 000 000. Estas partidas convirtieron a Colombia en el tercer mayor receptor de ayuda de los Estados Unidos (puesto conservado hasta antes de las posteriores invasiones y ocupaciones de Afganistán e Iraq).

Aunque Colombia ha buscado apoyo adicional de la Unión Europea y otros países, con la intención de financiar el componente social del plan original, en un principio ha encontrado poca cooperación de los potenciales donantes de la ayuda debido a que estos tienen poca intención de invertir dinero en iniciativas que ellos consideran como inciertas, y además consideran que la ayuda militar que los Estados Unidos han proporcionado es indebidamente sesgada. Algunos países han enviado ayudas de unos cientos de millones de dólares (Aproximadamente $ 128 600 000, 2,3% del total) pero la mayoría evitan ser públicamente asociados con el Plan Colombia, por lo tanto las sumas recogida resultaron mucho más bajas de lo que inicialmente se había propuesto.

Guerra contra las drogas:

Aunque el Plan Colombia tiene algunos componentes que buscan fomentar la ayuda social y la reforma institucional en Colombia, la iniciativa es ampliamente considerada como un programa fundamentalmente de ayuda militar y antinarcóticos.

La justificación oficial en Estados Unidos es que este plan es parte de la Guerra contra las drogas. El Plan Colombia ha tenido un gran apoyo entre miembros del congreso de Estados Unidos, quienes argumentan que los logros de este programa incluyen la fumigación y erradicación de 1300 km² de plantaciones de coca en el 2003, lo cual ha prevenido la producción de más de 500 t métricas de cocaína, agregando que se le habría negado un ingreso de más de $ 100 000 000 a los narcotraficantes y a las organizaciones ilegales consideradas como terroristas por Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea.

Los críticos sospechan que el Plan tiene la lucha contra las fuerzas de guerrilla del país como uno de sus principales objetivos, debido a que son grupos que ejercen gran influencia en vastas áreas del territorio del país. Algunos críticos denuncian que algunos sectores campesinos e indígenas podrían ser considerados como blancos del Plan Colombia debido a que estos reclaman reformas sociales y la protección y legalización de estos cultivos puesto que son fuente de ingreso así como también una forma de expresión cultural.

Por lo tanto denuncian que estos grupos podrían intervenir potencialmente con planes internacionales para la explotación de los recursos naturales incluyendo el petróleo (Colombia es considerado como el séptimo u octavo suministrador de petróleo a Estados Unidos, aunque estudios recientes apuntan a una reducción de las reservas actualmente conocidas, además la exploración es escasa)^.

De gran importancia dentro del paquete de ayudas aprobadas por el presidente Clinton es la denominada “avanzada dentro del sur de Colombia”, un área que por décadas ha sido el fuerte del movimiento guerrillero más grande de Colombia, las FARC, y es también una importante región productora de coca.

Estos fondos fueron destinados para entrenamiento y equipamiento de los nuevos batallones antinarcóticos, para la compra de helicópteros, para apoyo de inteligencia militar y para suministros para la erradicación de la coca.

Al mismo tiempo que la asistencia es denominada como ayuda antinarcóticos, muchos creen que se usa prioritariamente contra las FARC. Los que apoyan el plan argumentan que tal acción tendría sentido puesto que la diferencia entre guerrilla y traficantes de droga es cada vez menos notoria y ven lo que se podría considerar como parte de la misma cadena productiva.

En junio del 2000, Amnistía Internacional emitió un comunicado en el cual criticaba la implementación del Plan Colombia:

“El Plan Colombia se basa en un análisis que enfoca las raíces del conflicto desde el punto de vista de las drogas y la crisis de los derechos humanos e ignora completamente las responsabilidades históricas del propio estado colombiano. También ignora que las raíces profundas del conflicto están en la crisis de los derechos humanos. El Plan propone principalmente una estrategia militar para atacar los cultivos ilícitos y el tráfico de drogas a través de una sustanciosa asistencia militar a las fuerzas armadas y la policía. Los programas de desarrollo social y humanitario que el programa incluyen no alcanzan a disfrazar la naturaleza esencialmente militar del plan. Además, es aparente que el plan Colombia no es el resultado de un proceso genuino de consulta con los organizaciones no gubernamentales nacionales ni internacionales que se espera implementen los proyectos, ni con los beneficiarios de los proyectos humanitarios, de derechos humanos y de desarrollo social. Como consecuencia, el componente de derechos humanos del plan es defectuoso.“

Al final de los años 1990, Colombia fue uno de los principales recipientes de ayuda militar del hemisferio occidental y debido a su continuo conflicto interno tiene uno de los peores registros en derechos humanos, con la mayoría de las atrocidades (desde los más directamente responsables hasta los menos directamente responsables) atribuida a las fuerzas paramilitares, a los grupos guerrilleros insurgentes y a elementos de las fuerzas armadas y la policía.

Un estudio de las Naciones Unidas reportaba que elementos de las fuerzas de seguridad, que han resultado fortalecidos con el Plan Colombia y otras iniciativas, en algunas regiones continúan manteniendo relaciones próximas con grupos paramilitares, en ocasiones ayudando a organizar o participando directamente en abusos y masacres o, como se argumenta que es principalmente el caso, deliberadamente permaneciendo inactivas para prevenirlas. Los críticos del plan y de otras iniciativas de ayuda a las fuerzas armadas de Colombia señalan éstas continuas acusaciones sobre abusos para argumentar que el estado y las fuerzas militares colombianas deberían cortar todo nexo que persista con las fuerzas paramilitares ilegales, y que para ello necesitan enjuiciar las crímenes pasados de los paramilitares y de su propio personal. Los que apoyan el plan aseguran que el número y la escala de los abusos atribuidos directamente a las fuerzas del gobierno se han reducido gradual y significativamente, y argumentan que han aumentado los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y grupos paramilitares (aunque estadísticamente siguen siendo bastante inferiores en comparación con las acciones contra la guerrilla).

Resultados: Pros y Contras

Ataques a oleoductos (2001-2004)
	2001	2002	2003	2004
Oleoductos	263	74	179	103
Oleoducto Caño Limón-Coveñas	170	41	34	17
Fuente: Ministerio de Defensa de Colombia.

De acuerdo a la Oficina para la Vigilancia Gubernamental (GAO) por sus siglas en inglés, el Plan Colombia no dio los resultados a seis años que inicialmente se propusieron en los gobiernos de los presidentes Pastrana y Clinton.

En cuanto a reducción de cultivos la meta era reducirlos en un 50% entre los años 2000 y 2006. Según cifres del organismo de seguridad estadounidense “Agencia Central de Inteligencia” (Central Intelligence Agency, CIA), los cultivos de amapola y la producción de heroina, sin embargo bajaron en un 50%. En el mismo lapso de tiempo, los cultivos de coca se incrementaron en un 15%, pero fue debido a que los campesinos cocaleros se movieron a zonas remotas selváticas para evitar la erradicación. Mientras que la producción de cocaina se incrementó en 4% durante el mismo periodo. De acuerdo a datos de la “Oficina Nacional para el Control de la Política de Drogas” (Office of National Drug Control Policy, ONDCP), la producción de cocaina no mantuvo el ritmo de crecimiento paralelo a los cultivos de coca debido al impacto causado por la erradicación manual y area.

Según autoridades norteamericanas, Colombia mejoró su seguridad por medio de su estrategia antinarcoticos, acciones militares y policivas, ademas de otros esfuerzos como la de programas de desmobilizacion y deserción para los grupos violentos. Entre los años 2000 y 2007, el gobierno colombiano reportó que la cifra de secuestros y homicidios se habia reducido a un tercio, mientras que los ataques a oleoductos se habian reducido a cero. La asistencia economica estadounidense a Colombia totalizó US$4.900 millones de dolares en dicho periodo con un fuerte apoyo al fortalicimiento de la mobilidad aerea, necesaria para lograr los objetivos antinarcoticos.^[5]

Desplazados

Una de las consecuencias del Plan Colombia es el desplazamiento de civiles colombianos y acotores del conflicto armado como refugiados al Ecuador y a Venezuela. La Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estima que aproximadamente 180.000 colombianos han buscado refugio en el Ecuador y se han establecido en campamentos lo largo de la frontera de ese país con Colombia.

Fumigación de cultivos ilicitos

La estrategia de fumigaciones aéreas para erradicar los cultivos de coca, ha sido blanco de críticas porque además de producir daños a los cultivos lícitos, afecta la biodiversidad y tiene consecuencias de salud adversas sobre aquellas personas expuestas a los herbicidas. Según investigaciones científicas en Francia, el uso del glifosato formulado en aspersiones aéreas provoca las primeras etapas de la cancerización en las células.

APERTURA ECONOMICA (CUD)

Es un proceso dinámico de modernización para lograr una mayor eficiencia en la producción que a su vez permita producir y exportar a menor costo, ser competitivos en los mercados internacionales, hacer más rica la economía y así generar más empleos. Es también la internacionalización de la economía para producir y exportar más a menores costos e importar con el criterio de regular los precios de la industria nacional. A través de este proceso se pretende acelerar el mejoramiento del bienestar de la población. La apertura busca modernizar la industria y demás sectores en sus procesos productivos y tecnificar y llegar al consumidor local con productos de buena calidad, cuyos precios se asemejen a los del mercado internacional. El grado de apertura de una economía se mide por la relación M/PIB. M Importaciones. PIB Producto Interno Bruto.

Nuestras sociedades capitalistas pueden estar siendo amenazadas de manera grave por el excesivo individualismo, indica George Soros (1997:7): “Demasiada competencia y escasa cooperación pueden causar intolerables injusticias e inestabilidad. La convicción predominante en nuestra sociedad no es otra que la fe en la magia del mercado. La doctrina del capitalismo leseferiano sostiene que el bien común se sirve mejor mediante la persecución sin restricciones del interés personal. A menos que éste se modere gracias al reconocimiento de un interés común, que debe tener precedencia sobre el particular, este sistema está expuesto a derrumbarse”. La advertencia de Soros parece estar volviéndose realidad en nuestros países latinoamericanos y, en particular, en Colombia, ante la aceptación acrítica del dogma del mercado como fundamento del desarrollo. Debido a la política neoliberal, dice Chomsky (1994:12), en Latinoamérica, hoy, cuando se practican las políticas del mercado libre, el abismo entre ricos y pobres se ha duplicado respecto de 1960; mientras tanto, veinte de los veinticuatro países industriales son más proteccionistas hoy que hace una década.

Desde los países en desarrollo se denuncia cada vez con mayor insistencia que “la apertura de los mercados está traduciéndose en la destrucción de sus sistemas productivos, en la bancarrota de las pequeñas y medianas empresas, en el empobrecimiento de los agricultores, en la concentración aberrante de la riqueza y del ingreso, en la disminución de los salarios reales de la mayoría de los trabajadores y en la extensión de la pobreza y la miseria en proporciones lacerantes” (Agudelo Villa. 1997:4).

Consecuencias:

Son muy distintas las consecuencias de la globalización con base en el mercado para los distintos niveles de desarrollo de los países. Son alentadoras y y enriquecedoras para las naciones industrializadas que entraron a la globalización con privilegios y muchas precauciones. “Conocidos son sus subsidios a la producción agrícola, sus apoyos financieros e incluso políticos a sus exportaciones. Sus ventajas en materia de infraestructura y capacitación” (Espinosa. 1997:5A). Mientras que para otros se traducen en pobreza y conflicto, en detrimento grave de la producción y del número y la calidad del empleo. “El hecho de no haberse creado ni un solo empleo industrial de 1991 a 1995, tendencia en trance de agravarse, era y sigue siendo un claro síntoma de las consecuencias de la apertura comercial indiscriminada” (Espinosa. 1996:5A). Lo es así mismo la pérdida de más de 230 mil empleos en el campo y su desplazamiento al cultivo de la coca, o a engrosar los grupos guerrilleros, o de marginalidad en las ciudades.

Hemos asistido a un incremento acelerado del desempleo como consecuencia del desastre del sector agrario; de la modernización industrial; del quiebre de numerosas pequeñas, medianas y aún grandes empresas, afectadas de manera grave por el contrabando. Los procesos de privatización no se han traducido en condiciones para el desarrollo social sino en procesos de mayor concentración de la riqueza en grandes monopolios, y en el Estado han servido para cubrir parte del déficit del alto gasto público.

La apertura hacia los mercados internacionales ha terminado traducida en apertura para que el mercado internacional penetre y golpee nuestro sector productivo, con consecuencias sociales cada vez más graves. “No parece extraño que la primera transferencia instantánea y masiva, haya sido de puestos de trabajo de los países subdesarrollados a los desarrollados. O que la apertura comercial haya sido primordialmente hacia adentro” (Espinosa. 1997: 5A), causándose con ello un incremento del endeudamiento para cubrir el déficit comercial en contra de la inversión productiva y social. Hoy América Latina está casi tres veces más endeudada que cuando en 1982 se inició la crisis de la deuda, su proporción en el mercado mundial se ha reducido y el número de sus pobres hoy sobrepasan los 200 millones.

“Lejos de consolidar la competencia, el mercado conduce a una mayor concentración del poder económico, de la tecnología y de la información. La ‘libre competencia’ fortalece las tendencias al monopolio” (Mora Lomeli. 1993: 30). “La riqueza ciertamente se acumula en manos de sus poseedores, y si no hay mecanismo de redistribución, las injusticias pueden volverse intolerables. ‘El dinero es como el estiercol: no sirve si no se extiende’. Bacon fue un profundo economista” (Soros. 1997: 8). El mercado abandonado a su propia suerte no redistribuye el ingreso. “Se puede sanear la economía. Lo que no se logra automáticamente es insertar a millones de personas marginadas a la vida económica, social y cultural” (Ossa y Flores. 1994: 6B).

Mientras Europa comienza a replantearse la necesidad de integrar desarrollo económico y desarrollo social, América Latina sigue creyendo ciegamente en el mandamiento del mercado. No hay aún espacio para la duda.

Sigue vigente la condena que se hizo en Puebla de la sociedad contemporánea: “Ricos cada vez más ricos, a costa de pobres cada vez más pobres” (Mora Lomeli.1993: 27).

CONSTITUCION POLITICA 1991 (CUD)

La Constitución de 1991 es la actual carta magna de la República de Colombia. Derogó a la Constitución de 1886. También se ha empezado a conocer con el nombre de “Constitución de los Derechos Humanos“. Fue promulgada en Bogotá el 4 de julio de 1991.

Historia

Después de una agitada historia constitucional en el siglo XIX, Colombia, había sufrido varias reformas adaptándose a los tiempos y las circunstancias del país. | En 1988, una fallida reforma que pretendía extender la participación ciudadana en la política y evitar la corrupción administrativa, entre otras cosas, dio lugar a un movimiento estudiantil y político que propuso la convocatoria a una asamblea constituyente para las elecciones de 1990.

El movimiento promocionó la así llamada séptima papeleta, propuesta surgida de estudiantes colombianos para las elecciones legislativas de 1990. Si bien el consejo electoral no aceptó la inclusión oficial de este voto, adicional a los votos por Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Gobernador, Consejo Municipal y Alcaldes; este se contó extraoficialmente y la Corte Suprema reconoció la mayoritaria voluntad popular validando el voto.

En diciembre de 1990 se convocaron a comicios para elegir los representantes a una Asamblea Nacional Constituyente, la cual promulgó la nueva constitución en 1991.

Los presidentes de la constituyente fueron: Alvaro Gómez Hurtado por el Partido Conservador, Horacio Serpa por el Partido Liberal, y Antonio Navarro por el M-19.

Principales puntos

La Constitución Política, reemplazo al Código Civil de Bello, como principal fuente de derecho en Colombia, mutando su condición de mudo referente programático, a una parte viva del derecho.

Como novedades, se resaltan las siguientes:

• De la supremacía e integridad de la Constitución: en virtud de estas funciones, decide sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos en acción pública contra las leyes, decretos legislativos, leyes aprobatorias de tratados internacionales, convocatorias a referendo o asamblea constituyente y contra las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales, a manera de revisión, con el objetivo de unificar jurisprudencia y establecer precedente judicial obligatorio, lo que en la actualidad se conoce como Doctrina Constitucional.

• Se instituye la Democracia participativa sustituyendo a la democracia representativa.

• Se instituye, además la acción de tutela como un mecanismo expédito y efectivo para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos fundamentales a partir del artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. De la misma manera en aras de desarrollar, el nuevo estatus de estado social, se incluyó en la Constitución Política, un listado de derechos económicos sociales y culturales, que aunque de carácter programático, pueden llegar a ser de aplicación inmediata ya sea a través de la igualmente constiucional Acción Popular o por conexidad con derechos de rango fundamental.

• Se prohíbe la extradición de nacionales colombianos. Este artículo fue derogado en 1997, mediante acta legislativo de reforma constitucional.

• Se prohíbe la reelección presidencial inmediata y alterna (la reelección presidencial inmediata ya estaba prohibida en la Constitución de 1886 y constituciones anteriores). Esta norma fue derogada por acto legislativo de reforma constitucional aprobada en 2004 y declarada exequible por la Corte Constitucional el 19 de octubre de 2005.

• Se sustituye el Estado de sitio por el Estado de excepción y Guerra externa.

En su artículo 53, se crean obligaciones iusfundamentales relacionadas con los derechos laborales, tales como la libre asociación, el derecho de huelga, y el principio de In dubio pro operario, los cuales, dado su carácter ya mencionado, son susceptibles de protección, a través de la acción de tutela. En la misma oportunidad se obliga al Estado a expedir el Estatuto del Trabajo.

PARAMILITARISMO (CDFN)

El Paramilitarismo en Colombia se refiere al accionar de ciertos grupos armados y al margen de la ley que se organizaron a partir de los años 1970 con el fin de combatir a los grupos armados de extrema izquierda (guerrillas colombianas).

Dichos grupos se extendieron por diversas regiones del territorio nacional con la participación de ricos hacendados, colonos y pequeños industriales los cuales llegaron, en los años 1990, incluso a la conformación de una entidad mayor a la que denominaron Autodefensas Unidas de Colombia bajo la sigla AUC.

En el génesis y desarrollo histórico de dichos movimientos se vieron involucrados agentes del mismo Estado como policías, militares, además de representantes políticos y de otros sectores de la sociedad. Dicha participación desembocaría en el escándalo judicial y político que se denominó Parapolítica a inicios del siglo XXI.

Las autodefensas se involucraron directamente con las mafias de la droga y muchos de sus máximos jefes fueron pedidos en extradición por el gobierno de los Estados Unidos. Por otra parte, las autodefensas, que en principio se constituyeron como grupos armados paradefenderse de las agresiones guerrilleras, pronto pasaron a ser ellas mismas actores de agresión perpetuando actos como masacres, asesinatos o genocidios.

Después de la desmovilización de las AUC surgieron bandas o grupos emergentes) como las Águilas Negras que estan relacionadas o conformadas como mafias y grupos sicariales al servicio de mafias narcotraficantes. Debido a las acciones de dichos grupos emergentes se ha cuestionado si puedan clasificarse con el termino “paramilitares”.

ORIGENES

Tras un periodo de régimen militar de cuatro años (1953-1957) producto de un Golpe de Estado apoyado por los conservadores, el Partido Conservador y el Liberal formaron el Frente Nacional, un acuerdo político que les permitió alternarse en el poder durante 16 años dejando al margen a otras fuerzas políticas.El conflicto armado en Colombia tiene su antecedente inmediato que son las guerrillas liberales surgidas como reacción a la persecución política iniciada por el gobierno del Partido Conservador (1946-1953). El detonante de los movimientos de resistencia ocurrieron el 9 de abril de 1948, cuando el candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado, hecho que dio origen a una revuelta popular conocida como “El Bogotazo” y a un largo periodo de enfrentamientos entre liberales y conservadores que dejó un saldo de por lo menos 300 mil muertos.

Masacres y Crimenes de lesa Humanidad

Grupos guerrilleros

El Partido Comunista de Colombia buscó reforzar sus bases entre el sector campesino, sin embargo, tuvo una feroz persecución del Frente Nacional, lo que llevó a la creación de un grupo de autodefensa campesina, que se llamó Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1964.

Al año siguiente, en 1965, hizo su aparición la UC-ELN, en el departamento de Santander, una escisión del sector radical del Movimiento Revolucionario Liberal, liderado por Alfonso López Michelsen a finales de la década de 1950, y que planteaba la toma del poder por medio de las armas.

El grupo armado Ejército Popular de Liberación (EPL) se formó en 1968 en la región occidental de la Costa Atlántica, expandiendo su influencia después hacia otras regiones.

Respuesta del estado Colombiano

Durante la década de 1970, las guerrillas buscaban afianzar su liderazgo y legitimar su presencia en la vida social y política de Colombia, buscando influencia a través de ganar la simpatía de los sectores campesinos del país. Como respuesta a estas movilizaciones guerrilleras, el Estado colombiano desarrolló, acogiendo la estrategia norteamericana llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional”, varias acciones concretadas en distintas etapas: el Plan Lazo (1962) mediante el cual se intentó asfixiar militarmente los últimos reductos de las guerrillas liberales no desmovilizadas, además de los nuevos grupos armados de tendencia marxista-leninista; ante la nítida constitución y accionar de grupos guerrilleros de izquierda que empezaron a hacer presencia en lugares apartados donde el estado colombiano no la ejercía, tales como las FARC, el ELN, el EPL y el M-19, se elaboró el Estatuto de Seguridad y Defensa de la Democracia, expedido en 1978, el cual contenía los fundamentos para combatir a los grupos guerrilleros mediante la organización de la “defensa nacional”, mecanismos para garantizar la “defensa civil” y la creación de “autodefensas”. Con base en dichas normas, los encargados de la fuerza pública colombiana adiestraron, adoctrinaron y dotaron de armamento a civiles en áreas de conflicto con la finalidad de que la ciudadanía se involucrara en el conflicto armado y ayudara a las fuerzas de gobierno a derrotar a los grupos insurgentes. Ante las críticas presentadas nacional e internacionalmente frente al Estatuto de Seguridad, debido a su contenido invasivo en el tema del respeto de los derechos humanos y la involucración de civiles en el conflicto interno, el estado colombiano desarrolló la Estrategia del Conflicto de Baja Intensidad en 1982, el cual demostró su ineficacia para responder a la amenaza representada por el aumento del accionar de los grupos ilegales de izquierda y los nuevos grupos ilegales de derecha. Este incremento, traducido en mayor cantidad de acciones bélicas, atentados y masacres, se logró mediante la infiltración del negocio del narcotráfico como medio de financiación. Los grandes capitales obtenidos de este negocio, primero recaudados mediante el cobro de cuotas a los grupos narcotraficantes por el uso de rutas, insumos y campos para el cultivo, llevaron a que los líderes guerrilleros y paramilitares se apropiaran del negocio, en la medida en que el estado incrementaba la persecución a los actores de este negocio ilegal, y obteniendo un fortalecimiento de estos grupos en magnitudes nunca antes vistas. El Plan Colombia en 2001 permitió recaudar los fondos económicos que permiten actualmente operar la Política de Seguridad Democrática que inició en 2002, con la cual se ha modernizado la fuerza pública, se ha aumentado el pie de fuerza en el país y se pasó de un cambio estratégico de posición defensiva hacia abierto contraataque contra los grupos irregulares

AUTODEFENSAS CDFN)

El grupo armado conocido como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) nació a finales de los años 90, como una alianza entre los distintos grupos paramilitares que tenían presencia en las diferentes regiones del país. Las AUC tenían como principal objetivo la "protección" de sus patrocinadores y miembros,usualmente personas vinculadas a la ganadería extensiva y el narcotráfico, ante el desarrollo del conflicto entre el gobierno y los diferentes grupos guerrilleros de izquierda, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Identificados como de extrema derecha, sus múltiples masacres y demás actividades criminales las llevaron a ser consideradas como terroristas por Estados Unidos y Europa. Negociaciones emprendidas por el gobierno de Álvaro Uribe produjeron la desmovilización de las AUC en el 2006, aunque algunos de sus miembros se han mantenido activos como "grupos de seguridad", mientras que otros han pasado a ser parte de un nuevo grupo paramilitar denominado Águilas Negras.

Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) es una organización ilegal paramilitar de extrema derecha, creada en abril de 1997 en Colombia, para reunir en una entidad relativamente centralizada a muchos de los múltiples grupos paramilitares y de autodefensa regionales pre existentes. Las AUC fueron clasificadas como una organización terrorista por el gobierno de Colombia, la Unión Europea y por los Estados Unidos.

Las AUC se declararon como un grupo contrainsurgente que combatía a las guerrillas de las FARC, ELN y EPL y eran patrocinados por grupos de ganaderos, terratenientes y narcotraficantes de las regiones en las que operaban que eran hostigados o amenazados por dichas guerrillas.Más del 70% de sus ingresos provenían del narcotráfico, igualmente se financiaban con el secuestro y la extorsión además de recibir dinero de multinacionales que operaban en las zonas bajo su control. También recibieron colaboración de varios miembros de las Fuerzas Armadas además de tener estrechos vínculos con múltiples políticos colombianos con el objetivo de ganar poder militar y político en el país.

Las AUC son responsables de un gran número de masacres y torturas utilizando métodos de terror contra la población civil y guerrilleros, usando armas no convencionales como motosierras para descuartizar a sus víctimas. Dichos actos siguen causando el desplazamiento forzado de miles de personas, así como la desaparición de cerca de 15.000 individuos, muchos de ellos asesinados y enterrados en fosas comunes o arrojados sus cadáveres a los ríos. De la misma forma son responsables de la muerte de miles de indígenas, sindicalistas y militantes de grupos políticos de izquierda, a los que acusaban de ser colaboradores o admiradores de las guerrillas. Entre 1982 y 2005 los paramilitares perpetraron más de 3.500 masacres, y robaron más de seis millones de hectáreas de tierra.

Su líder y fundador fue Carlos Castaño Gil, asesinado por hombres de la misma organización por orden de su hermano Vicente Castaño, el cadáver de Carlos Castaño fue encontrado e identificado en agosto de 2006, después de más de dos años de especulaciones sobre su muerte.Otros de sus principales miembros fueron Salvatore Mancuso o alias Santander Lozada, Iván Roberto Duque Gaviria o alias Ernesto Báez y Rodrigo Tovar Pupo o alias Jorge 40.

En 2003 firmaron un acuerdo de desmovilización con el gobierno como resultado del cual se dejaron las armas unos 30.000 miembros de las llamadas autodefensas y sus comandantes cesaron sus operaciones. Posteriormente se conocieron documentos y grabaciones telefónicas que hacían creer que algunos de sus miembros seguían delinquiendo desde la cárcel. Adicionalmente, algunos líderes de las AUC y varios grupos paramilitares locales no se acogieron al acuerdo de la desmovilización, volvieron a tomar las armas o crearon grupos criminales posteriormente.

Algunos de sus máximos jefes que estaban sometidos al proceso de desmovilización, fueron extraditados a los Estados Unidos en la madrugada del 13 de mayo del 2008 para responder por el delito de narcotráfico ya que, según el gobierno, seguían delinquiendo desde la cárcel.

TERRORISMO (CDFN)

El terrorismo en Colombia

Colombia ha sido víctima del terrorismo provocada no solo por los grupos guerrilleros sino también por los grupos paramiitares y el narcotráfico, todos en búsqueda de un poder con beneficios personales, sin embargo a pesar de que el narcotráfico y el paramilitarismo han causado problemas de orden público,crímenes y atentados, éstos no han sido considerados terroristas quizás porque estos actos han sido opacados por los barbaries ocasionadas por la guerrilla.

EL NARCOTRAFICO

En la década de los 80 el narcotráfico se vió amenazado en sus labores de producción y comercialización de la droga y por ende emprendieron una guerra en contra de todos aquellos que consideraban amenazas para sus labores delictivas, fue entonces que empezaron una guerra en contra de esa situación pero que solo fue una cruel secuencia de atentados y crímenes donde los mas perjudicados fue como siempre el mismo pueblo y aunque ahora se afirme lo contrario, y se pretenda ocultar el sol con un dedo, el narcotráfico aún sigue colaborando para que actos terroristas se sigan efectuando en nuestro país ya sea aportando ayuda económica a la guerrilla para que ella los ejecute o también contratando para tal labor a sicarios expertos en realizar actos delictivos.

¿Acaso no son actos terroristas todas esas bombas colocadas en la época en que empezó su persecusión que destruyeron no solo bienes materiales sino personas inocentes?

¿No son actos terroristas las muertes ocasionadas a las personas que rechazaron y denunciarion sus actos delictivos, llevándose personas inocentes de por medio?

LA GUERRILLA

La Guerrila surgió como un movimiento insurgente en respuesta a la cruel Guerra de los Mil Días, convirtiéndose en una guerra peor no solo por el tiempo en que se han sufrido sus consecuencias sino por todos los actos terroristas que se han llevado a cabo durante este tiempo.

Aunque la Guerrila afirme que son un movimiento a favor de los derechos del pueblo, los actos que han ejecutado en todo este tiempo corroboran que es totalmente lo contrario, pues el pueblo ha sido nuevamente el mas perjudicado de todos sus maquiavélicos actos, entre ellos

El reclutamiento forzoso de campesinos, jóvenes, mujeres y hasta niños, para entrenarlos en su guerra sucia.

Actos terroristas contra los bienes del País, como Oleoductos, propiedades, vias de comunicación, etc.

Miles de Secuestros que ascienden a 2800, incluyendo personas civiles, a quienes les dan los mas infrahumanos tratos.

Combates que dejan miles de muertos inocentes y masacres a comunidades enteras

Estas son solo algunas de la gran lista que encabeza los actos terroristas de la Guerrilla en Colombia y aún así ellos pretenden que no sean llamados terroristas.

Desde los inicios de este caos iniciado por el narcotráfico, los paramilitares y la Guerrilla, los Colombianos hemos estado pidiendo a gritos por la paz, sin embargo, ésto solo es una oportunidad para que los politicos utilicen en sus campañas promesas que los lleven a posicionarse al frente de un País que sufre las consecuencias de una guerra contra el pueblo.

Mientras prevalezca la ambición del Poder sobre los intereses de la comunidad no se podrá disfrutar de la Paz completa, porque definitivamente al ser de ésta manera, entonces que ofrecerían los políticos en sus campañas electorales para ser elegidos y posicionados al frente de un País que debería estar disfrutando de todas las riquezas que posee.

ASESINATOS POLITICOS (CDFN)

"A LOS HOMBRES SE LES PUEDE MATAR, PERO A LAS IDEAS NO"

Luis Carlos Galán (1943-1989)

La historia contemporánea de Colombia, se torció al terreno de la violencia permanente a partir de un magnicidio, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, desde entonces, una y otra vez, el método para frenar a los candidatos adversarios del status quo ha sido la liquidación física.

El 9 de abril de 1948, el candidato del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán es asesinado. Era el mejor posicionado entre los aspirantes a la presidencia. Sin embargo, su compromiso con los pobres y con la reforma agraria lo hacían “peligroso” para los intereses del poder económico.

A la muerte de Gaitán, le siguió el estallido social conocido como El Bogotazo, rebelión espontánea que fue reducida mediante la represión militar. A la represión indiscriminada, le surgió como respuesta la organización de grupos de defensa de la población ante los desmanes del régimen. Fue entonces, como desde las propias bases del Partido Liberal surgieron los primeros núcleos guerrilleros en la historia contemporánea de Colombia. De allí nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En 1987 fue asesinado en Cundinamarca, Jaime Pardo Leal, dirigente de la izquierda colombiana y de la Unión Patriótica, quien como candidato presidencial en 1986 había obtenido una cifra récord de votos. El crecimiento de su popularidad y prestigio, así como sus denuncias sobre los nexos entre el poder político tradicional y el narcotráfico, lo convirtieron en una amenaza para los intereses de la oligarquía colombiana.

En 1990, nuevamente los intereses del poder económico, asesinaron a otro candidato presidencial: Bernardo Jaramillo Ossa, abanderado de la Unión Patriótica (UP). Un joven sicario paramilitar llamado Andrés Arturo Gutiérrez Maya lo esperaba y mientras estaban él y su esposa al frente de una farmacia disparó contra el candidato.

La Unión Patriótica ha sido una de las más exitosas expresiones de unidad de la izquierda colombiana. Fue concebida como un eslabón para los procesos de conversaciones de paz, entre el gobierno y las guerrillas. A la UP se le impidió cumplir con su propósito: miles de sus militantes fueron asesinados, entre ellos 2 candidatos presidenciales y 11 congresistas.

En 1989, cae asesinado por sicarios, el candidato del Partido Liberal, Luis Carlos Galán. Su firmeza ante las mafias políticas aliadas al narcotráfico, le costó la casi segura posibilidad de ser Presidente de Colombia. Galán era el favorito según las encuestas. El 18 de agosto del 89 le dispararon cuando participaba en un mítin de campaña.

En 1990, el exmovimiento guerrillero M19, competía por primera vez en elecciones por la presidencia de Colombia, su proyecto había avanzado en popularidad y captación de simpatías. Inclusive se avizoraba la posibilidad de una alianza entre el M19 y la muy golpeada Unión Patriótica con la finalidad de avanzar en la construcción de una alternativa política en Colombia. Sin embargo, el sicariato arrancó de nuevo con esa posibilidad. El abanderado presidencial de la organización, Carlos Pizarro, fue ametrallado dentro de un avión, a pesar de poseer “escolta” del DAS.

En enero de 2010 se determinó que funcionarios del DAS, entre ellos su exdirector, eran partícipes del asesinato de Pizarro. Es decir, otro crímen de estado.

En 1994, nuevamente fue usado el sicariato para acabar con un liderazgo de izquierda en Colombia, Manuel Cepeda Vargas, Secretario General del Partido Comunista Colombiano y líder de la Unión Patriótica fue abaleado por sicarios. Los autores materiales del hecho eran suboficiales retirados del Ejército de Colombia. La muerte de Cepeda ocurre en el contexto de la llamada Operación Golpe de Gracia, mediante la cual, sectores del alto mando militar junto al paramilitarismo avanzaron hacia la liquidación definitiva de las estructuras de la Unión Patriótica.

El asesinato político en Colombia, tiene muchos más antecedentes. Ya en 1914, otro presidenciable, Rafael Uribe Uribe fue asesinado a hachazos. Uribe Uribe apoyaba el desarrollo del movimiento sindical y cooperativista en el país, ello no era conveniente para el pequeño grupo que ha dominado el poder político en la nación neogranadina durante varios siglos.