La United Fruits Company o UFC empezó a operar en América Central desde 1899, cuando el empresario estadounidense Minor C. Keith fusionó su negocio de siembra de plátano y transporte ferroviario (que había empezado en Costa Rica en 1871 y luego abarcaba toda Centroamérica) con la Boston Fruit Company de Andrew W. Preston. La empresa resultante, la United Fruit Company, compró grandes extensiones de tierras para dedicarlas al cultivo del plátano, destinado casi en su totalidad a la exportación al mercado de Estados Unidos, aunque posteriormente fue diversificando sus cultivos de frutas. Inclusive la UFC había establecido la primera gran red ferroviaria de Guatemala y El Salvador, aunque destinada casi exclusivamente al transporte de frutas en sus inicios; posteriormente esta red ferroviaria fue transformada en un monopolio con autorización del gobierno guatemalteco.
Un mecanismo ampliamente utilizado por la UFC era comprar a precio bajo grandes cantidades de tierras en América Central, para evitar que surgieran competidores y mantener un monopolio sobre la producción de plátanos, inclusive manteniendo extensas zonas agrícolas sin cultivar bajo pretexto que sequías o huracanes le obligaban a mantener “en reserva” grandes extensiones de terreno sin usar. Tal política implicaba una oposición frontal de la United Fruits Company a todo tipo de reparto de tierras en Centroamérica, inclusive si éstas afectaban a sus fincas sin cultivar (las que no eran trabajadas para evitar una sobreproducción que hicera caer los precios del plátano).
De igual forma otra preocupación constante de la empresa era mantener unos reducidos costos tributarios, siendo acusada de sobornar masivamente líderes políticos de América Central para liberarse de toda presión tributaria; la reducción de costos afectaba también los salarios de los peones agrícolas que eran mantenidos artificialmente bajos con ayuda de las autoridades nacionales de cada país, criticadas frecuentemente por evitar emitir leyes que impactasen negativamente en la “estructura de costos” de la United Fruits Company.
El monopolio de exportación de plátano y las necesidades de la UFC de asegurarse un “ambiente favorable de negocios” motivaron que esta empresa necesariamente se envolviera en la política doméstica de los países de América Central, apoyada por su condición de mayor empleador de la región con el impacto que esto generaba en la sociedad. Asimismo, aunque los tributos que la UFC pagaba eran muy bajos, constituían la mayor parte de los ingresos por exportación que percibían los gobiernos de América Central, que se mantenían así preocupados en mantener una relación amistosa con United Fruits Company.
Diversas actuaciones ilegales han salpicado su historia, como en Colombia, en 1928, que ante las protestas de los trabajadores agrícolas demandando mejoras laborales, la compañía logró que las autoridades locales reprimiesen la manifestación a tiros, asesinando vil e impunemente a muchisímos manifestantes. Es lo que se conoce como la Masacre de las Bananeras, denunciada en el Congreso colombiano por Jorge Eliécer Gaitán.
Luego de 1948, el embajador estadounidense Spruille Braden, conocido en Argentina por su intervención durante las elecciones de 1946 (donde requirió públicamente a los votantes argentinos a no votar por Juan Domingo Perón), percibió un sueldo como lobbista de la compañía en América Central.
En 1954 en Guatemala, cuando el presidente Jacobo Arbenz Guzmán intentó aplicar una ley a favor de la expropiación de las grandes propiedades (afectando a las tierras sin cultivar para repartirlas en pequeñas propiedades), a las que indemnizaría con bonos a largo plazo, fue depuesto por Carlos Castillo Armas, gracias a la colaboración del gobierno de Washington. Para sustentar la acusación el director de la CIA estadounidense acusó al régimen de Arbenz como “tentáculo del comunismo” y justificó así que EEUU patrocinase su derrocamiento en concordancia con la Doctrina Truman. Se dio un conflicto de intereses evidente ya que el propio Allen Dulles, siendo director de la CIA, era además socio de la firma de abogados que patrocinaba a United Fruit Company en Estados Unidos, percibiendo que su verdadera motivación era simplemente proteger los beneficios de su cliente aun causando una crisis política para ello. Muchos de los empleados gubernamentales vinculados al Departamento de Estado de EEUU, y con influencia en la política exterior estadounidense, tenían intereses también privados en la UFC al ser simultáneamente sus abogados, lobbystas, o representantes.
En Cuba la UFC era una de las compañías que controlaban la producción de azúcar y fueron expulsados en 1959, tras la revolución cubana que un año más tarde, el 1 de enero de 1960, nacionalizaría todas sus posesiones sin derecho a compensación.
En 1969 fue comprada por Zapata Corporation, empresa relacionada con George H. W. Bush. La empresa cambió su razón social como Chiquita Brands y hasta el día de hoy opera bajo este nombre.
En 2007 Chiquita Brands enfrentó un juicio en Estados Unidos por haber financiado grupos de “autodefensa paramilitar” en Colombia que fueron responsables de la masacre de sindicalistas y campesinos; la compañía tuvo que pagar una multa a las autoridades de su país pero ahora las autoridades colombianas buscan cooperación de Estados Unidos para que extraditen a los funcionarios responsables de estos delitos y sean juzgados en el país
